Rechazada la ponencia alternativa sobre la JEP presentada por la Senadora Claudia López

La senadora Claudia López radicó una ponencia alternativa para el cuarto debate de la Jurisdicción Especial para la Paz al considerar que en el diseño normativo existen graves distorsiones frente a la aplicación del derecho internacional que, de no ser corregidas, podrían ocasionar el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país. Este lunes con 42 votos en contra y 11 a favor, fue negada la ponencia alternativa. Durante el tercer debate de la JEP, la senadora fue nombrada ponente y firmó la ponencia mayoritaria radicada con el aval Gobierno, haciendo salvedades respecto a los puntos que requieren modificación, especialmente lo que se refiere a la responsabilidad del mando. Durante este debate en la Comisión Primera del Senado, la senadora presentó tales salvedades como proposiciones, sin embargo, las mismas no contaron con el aval del gobierno por lo que no fueron discutidas ni votadas. Como consecuencia de la clara negativa del Gobierno y de los Senadores de realizar las modificaciones propuestas, la senadora presentó una ponencia alternativa para la discusión del cuarto debate que presenta los siguientes cambios: 1. Inclusión de fuentes normativas Se completaron las fuentes normativas en el capítulo referido a la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública, para que exista igualdad entre las que se aplicarán a los miembros de las Farc-EP, los terceros y los miembros de la Fuerza Pública. Los artículos transitorios 21 y 23 de la JEP injustificadamente excluyen al Derecho Penal Internacional (DPI) como fuente normativa, el artículo 23 además deja por fuera al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), es por ello que se propuso que sean incluidos para darle la seguridad jurídica que los miembros de la Fuerza Pública requieren. 2. Ajuste de los requisitos para determinar la responsabilidad de mando de acuerdo con los estándares internacionales La responsabilidad de mando contenida en el artículo transitorio 23 es incompatible con la doctrina de los tribunales internacionales y, en especial, de la Corte Penal Internacional, pues el artículo señala criterios adicionales a los desarrollados por el derecho internacional, lo que haría prácticamente imposible probar la responsabilidad de los superiores y aumentaría el riesgo de impunidad por lo graves crímenes cometidos por altos mandos de la Fuerza Pública. 3. Inclusión de responsabilidad de mando para miembros de las Farc y para civiles En el Acuerdo de Paz se incluye la responsabilidad de mando de los jefes guerrilleros, en consecuencia, el proyecto también debe referirse a esta materia, por lo que se presentó un nuevo artículo que desarrolla los parámetros contenidos en el Acuerdo y que cumplen con los estándares internacionales. Adicionalmente, se excluye en el proyecto la responsabilidad de mando de los agentes del estado civiles, con ello, no sería posible imputar responsabilidad del mando a un Ministro por no haber prevenido o sancionado adecuadamente los crímenes de sus subordinados, ni a alcaldes o gobernadores, máximas autoridades de policía en sus jurisdicciones. Por esto, la senadora presentó una proposición que extiende el régimen de responsabilidad de mando de la fuerza pública a aquellos civiles que ejercen mando. 4. Protección de las víctimas a la reparación integral En el artículo transitorio 17 se pretende limitar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la sostenibilidad fiscal, sin otorgar herramientas eficientes para lograr la reparación integral. Por ello, la senadora propuso eliminar esas limitaciones, y establecer que el Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes causaron los daños no tengan recursos. Además, propuso crear la obligación de garantizar las fuentes de financiación, de manera que no existan obstáculos para las víctimas. Durante su intervención en el debate, Claudia López le recordó tajantemente a todos los presentes y especialmente al Ministro de Justicia, que un Estado no puede darle garantías y tratamientos judiciales más beneficiosos a los Agentes del Estado, que aquellos que está desmovilizando. "Aquí lo normal y lo lógico sería que los Agentes del Estado que cometan graves violaciones de derechos humanos, tengan una sanción mucho más grave y drástica, sin embargo, soy realista y sé que para un país con 52 años de guerra, con 8 millones de víctimas y con tal nivel de degradación y violación como el que tiene actualmente Colombia, es imposible aplicar ese estándar. Lo que sí es posible, deseable y aceptado por la comunidad internacional, es que nos vetemos de un Sistema de Justicia Transicional que de un tratamiento simétrico, y en este punto me refiero a usted Ministro de Justicia, porque está muy bien que el tratamiento de la responsabilidad de mando de las FARC y de la Fuerza Pública, no sea igual, pues en realidad esto sería un total irrespeto con nuestros militares, pero lo que no puede ser posible señor Ministro, es que esto sea más beneficioso para los agentes del Estado, que para los mismos guerrilleros que se están sometiendo" recalcó la Senadora. Por otra parte, la parlamentaria envió una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el fin de darle a conocer las distorsiones del derecho internacional en el diseño normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz creada en Colombia para la implementación de los Acuerdos de Paz. El documento fue enviado de forma digital al fiscal Fatou Bensouda, copiado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. En el documento, la Senadora explicó detalladamente tres temas que le preocupan sobre este tema: 1. La exclusión del Derecho Penal Internacional (en adelante DPI) como norma aplicable en el tratamiento de justicia diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública. 2. La incorporación de requisitos concurrentes adicionales a los desarrollados en el derecho internacional para fijar la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública, y 3. La exclusión de la responsabilidad de mando para civiles y miembros de las Farc. Todo esto con el fin de que éste en condición de juez, realice un minucioso estudio de los insumos entregados allí, para que lo más pronto posible se pueda emitir un pronunciamiento sobre estas distorsiones. Vea aquí la intervención de la Senadora durante la presentación de su ponencia alternativa Vea aquí la carta enviada a la Corte Penal Internacional
 
Vea aquí la ponencia alternativa de la senadora Claudia López
 
Vea aquí la ponencia mayoritaria avalada por el gobierno

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