La paz no es desmovilizar a la Farc sino construir ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del territorio

Claudia López - Senadora del partido Alianza Verde   Quisiera aprovechar este espacio para compartir algunas ideas con un sesgo un poco académico de lo que ha sido mi tesis de doctorado y que creo son el centro del tema que nos ocupa: ¿Qué tipo de gobernabilidad territorial se necesita si queremos tener una paz estable en Colombia? La paz, como se ha dicho, no resuelve ningún problema estructural y tal vez ese es el principal inconveniente de las expectativas que tiene la sociedad con el proceso de La Habana. Razonablemente la gente espera que la paz le cambie la vida y es muy difícil que el acuerdo como tal lo haga. Parte de lo que debemos hacer, los que creemos en este proceso, es explicarle a la sociedad colombiana que esto es por partes: Primero hay que parar la guerra. Realmente lo único concreto, útil e importante que pueden hacer los protagonistas de la vieja Colombia, la del siglo pasado, es acabar con la guerra. La clase política corrupta, clientelista, violenta, que ha gobernado mal a Colombia y los poderes de facto armados e ilegales, como FARC, ELN y paramilitares, entre otros, lo único que pueden hacer sustancialmente por este país es acabar la guerra. Ellos no van a ser los protagonistas de la paz. Ellos, que han sido los protagonistas de la guerra, tienen la posibilidad y la responsabilidad de acabarla. Pero somos nosotros -los ciudadanos que hemos tenido que estar agachados, nuestras organizaciones civiles que han tenido mucho menos protagonismo, la movilización social que no se ha podido trasladar con mayor eficacia a la representación política y electoral para lograr cambios- somos nosotros los que podemos construir la paz. Acabar la guerra depende sustancialmente de Timochenko. Pero la contribución de éste a la construcción de la paz es casi marginal. Los reales protagonistas de la paz somos los ciudadanos, los que hemos tenido más padecimiento que protagonismo durante la guerra. Segundo. Empiezo por reconocer un sesgo de formación: yo estudié administración pública, después llegué a las ciencias políticas y es de lo que se deriva un sesgo de formación institucionalista, por decirlo así. Creo en las instituciones como ejes mediadores de las construcciones sociales que producen cambios. Yo no creo en el caudillismo, ni en la híper-agencia individual, para producir cambios. Me parece que el gran desafío de esa ciudadanía que va a estar después de que se acabe la guerra, es, no solamente aprovechar sus talentos individuales, que hay muchos, sino ser capaces de hacer acción política colectiva. Eso es bastante difícil. Buena parte de los actores individuales lo que quieren es tener proyectos individuales alrededor de ellos. Eso no es acción política colectiva, eso es caudillismo. El caudillismo no construye instituciones, son las instituciones las que logran perdurar para producir cambios. El principal problema de gobernabilidad territorial producto de la guerra es que tenemos una ciudadanía a medias. Hay unos colombianos aislados, que no se pueden comunicar, que no se comunican por temor, que no se movilizan más por coacción. Una ciudadanía a medias en su capacidad de movilizarse y de organizarse y de exigir demandas legítimas porque la estigmatizan. Aquí el primero que diga que hay un problema con la tierra le dicen guerrillero de las FARC. También tenemos unas instituciones informales, unos poderes de facto muy potentes, desde la clase política y con grupos armados ilegales. Son poderes de facto muy poderosos en el territorio, capaces de regular la población y controlar el territorio. Porque esos poderes de facto, llámense La Gata, Los Ñoños, las FARC, las BACRIM, ELN, en fin, las denominaciones son múltiples, en la práctica ejercen las funciones estatales básicas en el territorio. Ellos ofrecen seguridad y justicia privada, deciden quién vive y quién se muere, deciden qué es de quien: proveen justicia. Un señor con un fusil y unas botas resuelve todos los problemas, son capaces de extraerles recursos a la población vía extorsión y regulan las oportunidades económicas de la población. Por lo tanto, sus oportunidades de movilidad social. Son paraestados de facto con mucho poder. En cambio nosotros, el Estado formal que estableció la Constitución del 91, no existe. El Estado formal es inexistente o precario, o fácilmente capturable. Y el Estado central que tiene un poco más de capacidad acumulada y capacidad institucional acumulada, se comporta en estos territorios como si fuera una ONG. Entonces digamos que va la directora del Departamento de Prosperidad Social y entrega cheques de Familias en Acción, contratamos los maestros, de vez en cuando mandamos un médico, pero nosotros no ofrecemos seguridad y justicia pública en el territorio ni somos los que recaudamos impuestos, ni somos capaces de extraer recursos reguladamente en ese territorio. Por lo tanto, nosotros hacemos la política social y los poderes de facto hacen de Estado. El gran desafío de la gobernabilidad territorial para la paz está en romper ese círculo vicioso y para romper ese círculo es necesario acabar con una división de tareas anómala y de facto que nos ha heredado la guerra: el clientelismo, la inequidad, un sistema político cerrado. Hay muchas razones, no sólo la guerra reciente, que han construido esa manera de formar el territorio y las instituciones. Romper ese círculo tiene un orden, entonces, si aceptamos en términos generales la hipótesis que les acabo de plantear, la pregunta es: ¿Cómo romper eso? Y el gran propósito del posconflicto debe ser romper eso. Porque si no rompemos ese círculo vicioso de división de tareas y responsabilidades en la gobernabilidad del territorio y la población, no vamos a tener paz. Podemos firmar un pacto, podemos firmar un papel bonito con muchas promesas. De hecho, Colombia es un país que desafortunadamente tiene mucha experiencia en guerra pero ningún país del planeta tiene más experiencia en paz que Colombia. Es el único país del mundo que ha hecho 10 procesos de paz en 30 años. La pregunta es ¿Por qué seguimos todavía en guerra? Hay muchas hipótesis, a una buena parte de la intelectualidad colombiana le encanta echarle la culpa al narcotráfico. Colombia tenía este problema de gobernabilidad antes de que hubiera una mata de coca. La guerra reciente lo que ha hecho es profundizar ese esquema de gobernabilidad territorial perverso, no crearlo. Razón por la cual buscar cambios en la política de drogas es importante, pero en ese cesto no pueden estar todos los huevos. Ese no es el centro del problema. ¿Cómo resolverlo entonces? Yo creo que esto tiene un orden: 1) Lo que tenemos que hacer en los territorios es fortalecer y reconstruir ciudadanía. Son los ciudadanos de Colombia, en las regiones de Colombia, los que van o no a construir instituciones. Las instituciones no las construye una ley que saquemos en el Congreso. Posiblemente el mejor papel político del Congreso sería no sacar más leyes, sino velar porque se cumplan las que hay; pero las que sea que saquemos del Congreso o del Ejecutivo, terminan con dos palabras: “Publíquese y cúmplase.” Colombia es capaz de hacer la mitad de la palabra “publíquese”, pero muy rara vez es capaz de hacer la segunda parte que es “cúmplase”. No puede cumplirla no sólo por falta de voluntad, sino porque no tiene con qué. No tiene aparato institucional y sintonía con la ciudadanía para construir esas decisiones en los territorios. Lo primero que hay que hacer aquí es construir ciudadanía. Es decir, invitar a esa ciudadanía que ha resistido en los territorios, a que deje de resistir y nos acompañe a construir. Por supuesto, estoy haciendo aquí una generalidad posiblemente injusta pero es normal resistir. Yo le he dicho esto a los programas de desarrollo y paz: Increíble lo que han logrado resistiendo en el territorio, han construido mucho, pero ahora justamente si logramos acabar la guerra vamos a poder construir mucho más. Vamos a poder empoderar a las mujeres y jóvenes, hacer control político, hacer demandas legítimas; salir y decir: “Perdón un momentico, ¿Cuántos impuestos se pagan aquí y en que se invierten?” Esa es una pregunta que no se puede hacer en 600 municipios de Colombia, porque uno tiene el riesgo de muerte si la hace. O poder decir: “Bueno yo voy a organizar aquí un combo pues, yo soy aquí el Sergio Fajardo de este territorio y yo quiero meterme en política y lo voy a empezar, y le voy a competir pues al gamonal del pueblo”. Eso en Colombia hoy cuesta la vida. Para construir ciudadanía se necesita recursos porque cuesta bastante. Hemos hecho cálculos de cuánto cuesta tener un fondo de iniciativas para la paz, no para hacer proyectos de desarrollo productivo, sino para fortalecer al ciudadano, para que la gente aprenda a construir confianza, a reconocerse como sujeto de derechos y de deberes, formar organización social, movilizarse, aprender a hacer política, aprender a competir electoralmente, hacer control político y social. Eso no se produce por generación espontánea y en eso vale la pena invertir. Ese fondo, más una propuesta de implementación de presupuesto participativo local y audiencias públicas regionales para garantizar la participación ciudadana en la destinación de los recursos de inversión de la Nación, implica una inversión de $11,8 billones durante los próximos 10 años. Yo creo que ese es el principal aporte de la comunidad internacional. Debo confesarles que fuí muy feliz el día que el Presidente Santos volvió con las manos vacías de su gira por Europa. Desde hace un año llevó pidiéndole a los embajadores de todos los países que tienen sede en Colombia, que de caridad, si quieren apoyar la paz, no le den ni un centavo al gobierno colombiano. Que se lo den a este fondo de iniciativas ciudadanas para la paz y que lo ayuden a administrar. Porque si lo administran sólo políticos colombianos lo van a clientelizar. Se necesita un sujeto externo que no esté en la competencia electoral colombiana para que no lo politice o por lo menos no del todo. Lo que hacen los Estados serios, los que están en proceso de construcción de Estado en el conjunto de su territorio y su población, es recaudar impuestos. Por eso es tan importante que nos dejen de dar dinero regalado desde afuera. La mayor contribución a la paz territorial que puede hacer el centro y el epicentro del poder colombiano es decirle a los grandes cacaos que dejen de obstruir el impuesto a los dividendos. Esos señores no responden nunca, ¿Ustedes han visto a Luis Carlos Sarmiento en algún foro sobre la  paz y el postconflicto? Ni uno. Lo único que se les ocurrió fue sacar la campaña “Soy Capaz” y a las 24 horas literalmente decir que no eran capaces de pagar más impuestos. Eso es un mal chiste. 2) En Colombia ha imperado una percepción falaz, una caricatura. Qué hay dos élites: una, regional, que es espantosa, corrupta y violenta; y otra: centrales, que sí son más o menos modernas y sensatas, tecnócratas, que inventaron el DNP, pero que no pueden gobernar bien a Colombia porque se lo impiden esas élites locales terribles. La verdad es que en Colombia tenemos un híbrido que se mantiene en el poder: los unos y los otros, ambos igual de violentos, de rentistas y de extractivistas. En este país, y lo digo con toda claridad, no hay Ñoños sin Ministros Cárdenas. No hay mermelada sin un prócer en el Ministerio de Hacienda que gire los tres billones de pesos que esos señores se roban. No hay Kiko Gómez en La Guajira, sin Vargas Lleras en Bogotá que lo avale. No hay Yahir Acuña en Sucre sin Santos que se apoye en él para reelegirse. Si queremos cambiar la gobernabilidad en los territorios, tenemos que cambiar la manera en la que el centro nacional, no Bogotá, sino el centro nacional, las élites políticas y económicas, y la clase política producen y reproducen poder en Colombia. De lo contrario no vamos a cambiar esas condiciones de gobernabilidad territorial. Hay que cambiar en el centro la manera de producir y reproducir poder, de mantenerse en el poder. Lo segundo: si queremos paz y sobre todo gobernabilidad territorial, las élites colombianas, que a lo largo de cien años han hecho todo para exterminar al campesinado y se han negado a hacer la reforma agraria, se han inclinado por seguridad y justicia privada. Han apabullado al campesinado, se inventaron el paramilitarismo, se aliaron con el narcotráfico y aún así quedan ocho millones de campesinos. Así que lo segundo que tendríamos que aceptar es que no vamos a exterminar el campesinado, ni a los afros y tampoco a los indígenas y tampoco segregarlos. Ellos van a ocupar una posición en el territorio, en la estructura política, social y económica del país. Necesitamos que ese papel funcione para ellos y que ellos mismos nos ayuden a gobernar para la paz ese territorio ¿A qué me refiero con esto? Algo práctico por decirlo así, inmediato si se quiere al proceso de paz: Todos queremos desaparecer a Las FARC claro, pero las FARC administran 64.000 familias cocaleras. Es decir, campesinas. Las FARC son el ministerio de trabajo, el SENA, los parafiscales, son el empleador de 64.000 familias. Si mañana desmovilizamos a las FARC, ¿Qué va a pasar con ellas? Asumir en serio los acuerdos de La Habana implica responder por reemplazar a Las FARC en los territorios. Desmovilizarlos es muy fácil. Lo que es muy difícil es reemplazar a esos actores en el territorio en el ejercicio de las funciones de regulación, de seguridad, justicia, empleo y recaudo. Esa es la tarea que nunca nos hemos echado al bolsillo y esa es la segunda condición que yo creo que es esencial para tener gobernabilidad territorial para la paz. Porque en la realidad el campesinado y los indígenas y la población afro-descendiente no pueden expresar y canalizar sus demandas vía representación política. No pueden porque están increíblemente sub representados. De manera que si esperamos a que el cambio de la paz lleve a esta representación proporcional de estas poblaciones, y estas mismas puedan traer al sistema político esta prioridad, se nos forma otra guerra antes de que eso ocurra. Si queremos que no se engendre otra guerra, nosotros, las clases medias y más altas de Colombia, tenemos que echarnos al hombro y al bolsillo la tarea de construir instituciones de ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no las tiene. La mitad del territorio en extensión y la tercera parte de la población en Colombia es decir 15 millones de colombianos se levantan todos los días a vivir regulados por Los Ñoños, Las gatas, Las BACRIM, Las FARC, o una combinación perversa de estos. Entonces el gran desafío de la gobernabilidad territorial es que desde las clases medias, altas y el Estado central tomemos en serio lo que significa reemplazar a Las FARC en el territorio. Es decir, proveer seguridad y justicia pública, recaudar impuestos. Hay un ejemplo de algo que es deber ser un bien público casi como la educación: la actualización del catastro. Si queremos reemplazar a esos señores tenemos que proveer como un bien público los derechos de propiedad de la tierra en Colombia. Creo en la economía de mercado, pero no va a haber economía de mercado si el Estado colombiano no es capaz de proteger los derechos de propiedad sobre el suelo. Es algo elemental y que cuesta muy poco, hemos estimado que realizar la actualización catastral en esa tercera parte del territorio más afectada por el conflicto y mantenerlo actualizado durante los próximos 10 años implicaría una inversión de $178.539 millones. Es que el Estado no sabe qué tiene, pregúntele al Estado si sabe ¿Cuántos baldíos tiene? No tiene la menor idea. Mucho menos ¿Cuál es la tierra de los campesinos? Y resulta que aquí al Congreso de la República han llegado en el último período, tres proyectos de ley para regalarle tierra y subsidios a los ricos que quieren desarrollar la Altillanura. Pero no ha llegado ni un proyecto de ley que nos diga las coordenadas donde vamos a poner a los campesinos, y ¿Cuánto les vamos a dar en bienes públicos y en subsidios a proyectos productivos? Un gobierno que estuviera preocupado por la paz, lo menos que hace es mandar los dos proyectos de ley. No sólo uno. Lo que el gobierno colombiano no nos puede decir es que quiere desarrollar a los unos y que la comunidad campesina como en la canción queden con “la casa en el aire”. A eso me refiero con cambiar el centro y la manera de producir política, acumular poder político y económico en Colombia. 3) Yo no creo que las FARC estén sentadas negociando porque un día se les conmovió el corazón: están negociando su prontuario criminal porque tienen un gran nivel de resistencia social. Porque aliarse con ellas políticamente más es lo que cuesta que lo que ayuda; y por la eficacia militar del Estado contra ellos. Por eso están ahí sentadas. Nos falta entonces domesticar a la clase política, muy clientelista y corrupta colombiana, lo cual implica hacerles ver que pueden perder las elecciones. Hay muchas maneras de definir la democracia, pero una que a mí me encanta es: “La democracia es un sistema en el que se pueden perder las elecciones.” Eso es algo que hay que recordarle todo los días a la clase política colombiana. Colombia no es una democracia porque hace elecciones, es una democracia porque quienes ganan hoy pueden perder mañana y están dispuestos a entregar el poder sin amarrarse violentamente o abusivamente. Eso que parece tan simple, es bastante difícil. Lo que yo veo hoy en el Congreso me aterra. Lo que yo veo es a la clase política que al mismo tiempo que dice que apoya la paz y está haciendo un proyecto de paz, cada uno se declara más santista que el anterior, esa clase política liderada por el Ministro del Interior, lo que está haciendo es tramitar por lo menos cuatro proyectos de ley para aferrarse más al poder y hacer más difícil la competencia política de los nuevos. Un ejemplo es el mal llamado proyecto de equilibrio de poderes. Lo único bueno que tiene es que elimina la posibilidad de la reelección presidencial y un par de cositas más. Otro proyecto de ley, iniciativa del gobierno, es que podamos unificar las elecciones, que con un mismo “tamal” elijan desde el edil hasta el presidente de la república. Ese es el sueño de oro de cualquier maquinaria electoral y política. Cuarto, coger a las comunas internas de las grandes ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla o Bogotá que ya tiene alcaldes locales y elegirlos por voto popular. Eso acaba la gobernabilidad de esas ciudades. Entonces yo lo que veo es que vamos en la dirección contraria. No hay un mínimo atisbo de democratización. Me pongo a pensar: si yo fuera una organización social y campesina en San Vicente del Caguán, y tengo con la expectativa de la paz que pueda entrar a hacer mayor competencia política, si USAID mañana publica un manual para esas comunidades de ¿Cómo es entrar a esa competencia política? Les va a tener que contar lo siguiente: Que de entrada tienen que tener un partido político con democracia interna, cumplir umbral de 3%, hacer primarias, tener listas cerradas, y competir digamos con los que tienen la tecnología electoral clientelista aprendida. Yo no veo que vayamos en la dirección que corresponde. Hay otro tema crucial que es el ordenamiento del territorio. La receta en los últimos treinta años a propósito de esos proyectos de paz, de la Constitución del 91, en fin de muchas cosas, los gobernantes desde la clase política hasta los tecnócratas colombianos asumieron o supusieron que vía descentralización y desmovilización de grupos armados ilegales íbamos a construir Estado en el territorio. Es innegable que Colombia está hoy en términos de gobernabilidad territorial mejor que hace treinta años. Cualquiera que trate de negar eso desconocería los hechos y las cifras. La pregunta es: ¿Si siguiéramos a este ritmo qué? Sólo con desmovilizar pero no reemplazando con instituciones locales a los ilegales que se desmovilizan y simplemente mandando recursos desde el gobierno central a las regiones. Si seguimos con esas dos recetas ¿Cuántos años más se va a demorar Colombia en tener instituciones que cubran todo su territorio y toda su población? Yo creo simplemente que no lo vamos a lograr. No es un problema de tiempo es un problema de cambiar la receta. A desmovilizar hay que añadirle, reemplazar y cambiar el tema de la descentralización, en el sentido de que usted coge rentas nacionales, las distribuye, las irriga en el territorio, y fortalece los territorios para que sean capaces de vivir de sus recursos. Lo que forma gobernabilidad en el territorio es lo mismo que forma gobernabilidad en la vida: la autonomía económica. Lo que han pretendido muchos es que los municipios de Colombia puedan vivir como los adolescentes irresponsables que quieren autonomía y libertad pero viviendo de los bolsillos de los padres. En ese sentido tendríamos que pensar ¿Qué hace viable económicamente a nuestros territorios? La respuesta de la descentralización es: pues que vivan de predial, impuesto sobre la tierra, que no se recaudan porque no hay catastro, ni titulación actualizada, que vivan de ICA y algunos otros impuestos menores. Eso más o menos le sirve por ahí en el mejor de los casos a 100 municipios de Colombia y tenemos 1.100, ¿Por qué no le sirve a los demás? 600 municipios de Colombia nunca van a poder vivir de ICA y predial, así se acaben las FARC, el narcotráfico y la corrupción ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en su territorio? Patrimonio ambiental, eso es lo que tienen en el Amazonas, en las selvas húmedas del Chocó, en la Sierra Nevada de Santa Marta, son llanos que no existen sino en este pedacito del mundo. Y entonces dicen que son improductivos y claro que no. Ellos producen agua, biodiversidad, aire; tienen una enorme riqueza por la que nadie les paga, producen bienes públicos que nadie reconoce. A mí me parece bien que haya regalías mineras. Pero creo si quisiéramos tener gobernabilidad territorial para la paz vamos a tener que pensar en regalías ambientales, por ejemplo. Y de hecho, lo que deberíamos hacer es pasar las regalías mineras a pago de regalías ambientales. Por último, esta misma semana coincidimos con la directora del Departamento para la Prosperidad Social y con otros expertos de la Universidad de los Andes que hicieron un estudio maravilloso sobre equidad y movilidad social en Colombia. Y esto es aterrador: Colombia es una sociedad inmóvil. No importa el mérito, no importa usted que tanto se esfuerce, a estos 15 millones de colombianos que les conté que están abandonados en las regiones, a los que nunca les ha cumplido la paz, no van poder superar el ciclo de pobreza por sí solos. Mal que bien le hemos cumplido a los desmovilizados, pero nunca le hemos cumplido a los colombianos de las regiones más azotadas por la violencia. Lean lo que Antonio Navarro firmó con Rafael Pardo, para desmovilizar al M-19 en Santo Domingo, Cauca; iba a decir que es el pueblo abandonado y sin futuro que hace 25 años. Pero no. No es el mismo. Es peor porque lo que llegó no fue el Estado sino las FARC. Vayan a Flor del Campo, donde se desmovilizó una facción del ELN, y miren lo que le ofrecieron a ese territorio: nada de eso ha llegado, ¿Qué llegó? Los paramilitares. Vayan a Ralito, tampoco es que les ofrecieran mucho, pero lo poco que les ofrecieron tampoco llegó. Quedaron fue las Bacrim. Y ¿Por qué me refería al tema de la movilidad social tan crucial como parte de la gobernabilidad territorial? Porque para esos 15 millones de colombianos el 70% de sus posibilidades de bienestar están determinadas por dónde nacieron, por cuál es la característica étnica de sus padres y por cuál era el nivel educativo de sus padres. No importa ellos que hagan, ya el 70% de sus posibilidades está determinada por esas tres razones. Razones que ellos como individuos no pueden cambiar, pueden ser inteligentes e ir a la escuela, ser juiciosos, no meterse en grupos armados ilegales, lo que usted quiera: están de alguna forma condenados a un lugar secundario en la sociedad. Entonces crear gobernabilidad territorial después de desmovilizar a los ilegales, reemplazar a los ilegales, construir instituciones, fortalecer la ciudadanía, hacer ordenamiento territorial, teniendo en cuenta de que podemos vivir, hacer canje por la paz en tierras, en fin. Todo lo que acabo de mencionar es un medio pero ¿Para qué queremos construir instituciones? Queremos construir instituciones legales que medien las relaciones de los ciudadanos para poder cambiar esas condiciones estructurales que impiden la movilidad social en Colombia. Está claro que todas las inversiones públicas pueden ser útiles y positivas, pero no todas las inversiones públicas tienen el mismo impacto en equidad y movilidad social. Está comprobado y tenemos todos los estudios, este último es el más actualizado y completo, y nos dice que la inversión en primera infancia, es decir tener hijos amados y deseados es fundamental. Hoy tenemos 120 mil niños que no nacen siendo deseados. Ahí arranca el principal problema de reproducción de inequidad inmovilidad social que hay en Colombia. No hay ni una campaña seria para prevenir eso. La inversión en primera infancia tiene un efecto increíble, mucho más que la inversión en educación básica y media, incluso que en la superior. Son 8 servicios de primera infancia que se necesitan para cualquier niño de 0 a 5 años no importa si nace en Guainía o en Cali, Bogotá o Barranquilla tenga reales oportunidades. Lo primero que tiene que hacer es que sea un hijo amado y deseado, controles prenatales, controles postnatales, nutrición, vacunación, eso está establecido ahí. Este Plan de Desarrollo ya contempla que en los próximos cuatro años vamos a cubrir a 1 millón del 1,4 millones que hoy no reciben nada de eso. De manera que en los próximos cuatro años vamos a cubrir en total a  millones y quedarán 400 mil pendientes de recibirlo. Necesitamos hacer infraestructura para el desarrollo que rompa la inequidad y la inmovilidad social. Esas no son las autopistas 4G. Si este país tiene que escoger y priorizar, tiene que tener claras las prioridades: son las vías terciarias, no solo las actuales, que están en pésimo estado, sino sobre todo las que no existen, las que son fundamentales para poder reemplazar a Las FARC en la vida de esas familias cocaleras y crear nuevas oportunidades. Titular una tierra de zona de reserva campesina en la mitad del Putumayo, de la nada, es un engaño como propuesta de paz. Eso es una falla de la perspectiva que tienen en La Habana. Allá en la mitad de la nada, donde lo único viable es cultivar coca. Hay que poner sobre la mesa la validez de coger esas zonas, que las FARC va a ayudar a erradicar voluntariamente y que a continuación se declaran zona de reserva campesina y ya. Eso está lejos de ser una apuesta por la paz: es una burla que va a crear otra guerra.   No se puede producir palmitos en el Putumayo sin vías terciarias, asistencia técnica, acceso a crédito, conexión con mercados locales. Por eso es que hay que hacer canjes de tierras de las zonas cocaleras del Putumayo con las zonas más productivas de los valles interandinos, porque de lo contrario no se va a poder.   Si uno quisiera distinguir las condiciones básicas de la gobernabilidad territorial para la paz en el período de transición, que es lo que viene en los próximos años, ¿Qué es lo clave? Acordar dejar de matarse y tener la capacidad de cumplirlo. Tener la capacidad de darse garantías mutuas, primero de respeto a la vida y segundo la incorporación. Es muy difícil decir en esta sociedad tan polarizada: “Es que necesitamos que los que dejen las armas tengan garantías sociales y políticas para competir” y que “Eso es una concesión inadmisible a Las FARC”. No, eso no es una concesión a Las FARC; eso nos conviene a nosotros, a nosotros lo que nos sirve es que dejen las armas y se metan a la política y aprendan a pagar impuestos y aporten a derrotar la corrupción. En el post-conflicto en cambio, y es lo que uno esperaría ver claro en las bases del Plan de Desarrollo y todavía no aparece, es una idea clara de cómo reemplazar a los ilegales en la mitad del territorio que dominan y construir instituciones para los 15 millones de colombianos que no la tienen. Todavía hay una cantidad de poesía que no pone ese objetivo concreto. Y ese es el objetivo, que de alcanzarlo, beneficiará mayoritariamente a niños y a mujeres víctimas del conflicto, a afros e indígenas que son los más excluidos, pero hay que plantearlo con mucha mayor claridad si lo que queremos es gobernabilidad territorial para la paz.    

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