Cinco desafíos urgentes en materia ambiental

Los mapas de la violencia y la extracción minera están superpuestos porque el Estado entregó los recursos naturales de todos para enriquecer aún más a las grandes compañías mineras, tolerando el despojo de miles. Durante 6 años, entre 2004 y 2010, las mineras tuvieron deducciones de impuestos mayores a sus aportes en regalías, evadieron pagos de los mismos y expulsaron a miles de colombianos de sus territorios. Un país en paz no puede mantener este escenario lamentable.
  Proponemos estos desafíos urgentes en materia ambiental:

1. Formalizar y regular

Artículo 332 CP: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Los efectos de este artículo han sido: la afectación en el uso del suelo, privilegiando la actividad minera sobre la agricultura y las zonas protegidas; desplazamiento y expropiación de los dueños de terrenos con permiso de explotación, que se ven obligados a renunciar a sus propiedades; y una autorización indiscriminada de permisos de explotación a particulares.

En Colombia hay minería ilegal criminal y pequeños explotadores que no se someten a la regulación. Ambos generan un fuerte impacto ambiental, lo que exige plantear una estrategia de seguridad para castigar a los delincuentes que financian guerras contra el Estado a partir de este negocio y encaminar a los pequeños explotadores a la legalidad. Pero también urge un ordenamiento territorial serio, encausado en los principios ambientales y constitucionales, que mitigue el impacto que ha tenido la minería a gran escala, admitida con una regulación tan contraproducente. Se requiere acabar la ambigüedad normativa entre medio ambiente y minería y entre las normas nacionales y la planeación local.

2. Eliminar deducciones tributarias absurdas

Se requiere promover una reforma urgente que elimine la deducción del impuesto sobre la renta a la minería. Las últimas regulaciones aplicadas nos dejaron a todos los colombianos financiando las grandes multinacionales mineras. El gobierno anterior otorgó exenciones tributarias a las empresas, dejando de recibir 1.274 millones de dólares entre el año 2005 y el 2011 por parte de estas sociedades. Dicho sector fue el más beneficiado de la industria nacional, aún sobre los fabricantes de prendas de vestir, elaboración de productos lácteos y productos de molinería. En cifras, entre 2005 y 2010, pagaron 878 mil millones anuales por concepto de impuesto sobre la renta y tuvieron deducciones, descuentos y exenciones de 1,78 billones. Es decir, por cada $100 pesos efectivamente pagados, tuvieron un descuento de $200.

3. Prudencia y exigencia en la explotación

Se debe optar por una Minería Prudente, a partir de la evaluación real de costos-beneficios sociales, culturales, paisajísticos y ecológicos, con una exigencia implacable de uso de las mejores tecnologías posibles, las más limpias, para evitar el mayor daño. Los actores armados son depredadores profesionales del medio ambiente, pues no actúan bajo ninguna regulación y sus efectos son deplorables tanto desde el punto de vista ecológico como social. Pero también la minería legal produce daños irreversibles para los ecosistemas; se requiere una regulación exigente y contundente que vigile la aplicación de las normas de sostenibilidad exigidas en la extracción.

4. Sustituir la figura de Consulta previa por la Consulta Popular

Una Consulta Popular es más amplia y abierta, porque no solo vincula a las comunidades asentadas en las zonas de explotación, sino a todas aquellas que reciben el impacto ambiental. Las mineras desconocen los procesos locales (ambientales, territoriales, sociales y económicos) a través de la deformación de la Consulta Previa (Sentencia SU-039 de 1997 de la Corte Constitucional). En El Cerrejón se presenta un caso particular de esta deformación: se han firmado 66 actas de preacuerdos de consulta previa con comunidades wayús sobre el proyecto de desviación del río Ranchería; los miembros de la comunidad de la Enramada Mouwasira que dan su aval al proyecto reciben, según reza el acta correspondiente, “un microacueducto, cien chivos, diez de ellos machos; nueve novillas y un toro”.

5. Reconocer vía transferencias los servicios ambientales que los municipios prestan

La minería a cielo abierto y a gran escala deja daños irreparables en el medio ambiente; resulta imposible evitar ese impacto. Es necesario crear un mecanismo de transferencias a los municipios que demuestren mayor esfuerzo eficiente en la conservación de bosques y biodiversidad. La experiencia del IVA verde brasilero nos enseña a definir criterios de cálculo, priorización y compensación de la riqueza ambiental y de biodiversidad de los municipios, para diseñar los instrumentos que permitan obtener recursos por la prestación de servicios ambientales (producción de agua y aire). Se trata de garantizar un pago estable por actividades de eficiencia verificable, a los municipios que reconocen su patrimonio ambiental y contribuyen a su cuidado y preservación.

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