¿A qué vamos al congreso?

Claudia López Politóloga, Investigadora y Candidata al Senado #10 de la Alianza Verde El que persevera alcanza. Esa es la principal lección del  acuerdo colectivo que nos llevó a la LISTA ÚNICA AL SENADO POR LA PAZ de la Alianza Verde. Fueron meses de conversaciones, borradores, propuestas y finalmente acuerdos. Nos unen cinco prioridades que sacaremos adelante: 1. Parar la guerra, 2. Construir una paz transformadora y sostenible desde lo ambiental hasta lo económico, 3. Ampliar la oferta de inclusión social con calidad, 4. reformar la política y fortalecer la justicia y 5. frenar el abuso de poder y corrupción. Quiero compartir mi perspectiva sobre esos cinco puntos, fruto de lo que me han dejado años de escuchar, leer, aprender e investigar. Estoy convencida que los próximos años serán cruciales para tomar decisiones que cambien la manera muy desafortunada y violenta como Colombia ha manejado el acceso a la tierra, la ampliación de su democracia, las garantías para competir y gobernar. Le he dedicado casi una década de mi vida  a investigar y denunciar cómo mafiosos, ilegales y políticos se alían para atropellar a los humildes y a nuestra democracia. Prefiero dedicarle la próxima década de mi vida a evitar que lo sigan haciendo y a reemplazar a los ilegales y sus políticos corruptos por instituciones transparentes. Tal vez cada 60 años hay una coyuntura histórica en Colombia como la que estamos viviendo ahora. Estamos frente a la posibilidad real de poner fin al conflicto armado que ha marcado nuestra historia desde antes que yo (y seguramente usted) naciera. No tengo la menor duda que lo más y quizá lo único trascendental e histórico que puede ocurrir en 2014 es poner fin a la absurda y degradada guerra que hemos padecido. Lo único realmente solidario que podemos hacer por los 15 millones de colombianos más pobres y rurales que han pagado los horrores del conflicto armado es terminarlo. Cada año adicional de guerra ha disminuido la edad de reclutamiento. A la guerra hace mucho no van hombres, van niños y niñas, secuestrados, sometidos, violentados en todos sus derechos. Esta guerra degradada no ha sido librada entre ejércitos, sino a través de civiles inermes: cuatro de cada cinco muertos en esta guerra fue un civil inerme, no un guerrero armado. El propio Estado reconoce que la guerra nos dejó 220.000 muertos en 55 años, y en los años más crudos de la violencia del año 1996 a 2005, ocurrió una masacre cada seis días, un secuestro cada 8 a 12 horas, 26 desplazados cada hora, y un militar o un civil cayeron cada día en una mina antipersonal. ¡BASTA YA! Podemos parar esta guerra absurda aquí y ahora. Y dedicarnos a construir una paz transformadora y sostenible. Paz no es solamente desmovilizar a las Farc; paz es sobre todo REEMPLAZAR A LAS FARC, LAS BACRIM Y DEMAS MAFIAS CON INSTITUCIONES QUE ASEGUREN INCLUSION SOCIAL, OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y DEMOCRATIZACION. PAZ ES INTEGRAR A LA COLOMBIA URBANA Y RURAL con infraestructura, oportunidades de trabajo e ingreso decente, inclusión política y seguridad con justicia para todos. Paz es asumir la tarea de sustituir el poder de las mafias armadas y de la corrupción por el poder de la ciudadanía que controla y contribuye y el poder de unas instituciones públicas vigiladas y garantes de nuestros derechos y deberes. Tenemos que construir estado y mercado en las regiones y no seguir expeliendo a las regiones rurales apartadas o a los tugurios de las ciudades a los colombianos más pobres a que queden expuestos y sometidos al bandido de turno. Reemplazar a los ilegales y su fusil por instituciones que garanticen igualdad de derechos ante la Ley cuesta. Tenemos que hacer valer el principio “RECURSOS PÚBLICOS, RECURSOS SAGRADOS”. Así como a nadie le dolió ni se quebró por pagar el impuesto al patrimonio para financiar la guerra, ahora esa contribución debe dejarse de manera permanente para financiar la paz. También debe penalizarse y reducir la evasión,  que sólo en renta nos resta 28 billones de pesos anuales!, frenar la competencia desleal del contrabando y confiscar la corrupción y el lavado de activos. Tenemos que titular la tierra a quienes la trabajan para eliminar la inestabilidad jurídica que impide el acceso a crédito y mayor inversión en ella y también para incrementar el recaudo de predial municipal. Todas esas medidas eficazmente ejecutadas nos permitirán fijarnos como meta pasar de un recaudo fiscal del 14% del PIB nacional actual al 30% del PIB en 10 años. Sólo si somos serios, decentes y capaces con el recaudo y la inversión pública pasaremos del discurso por la paz, a la paz de verdad. Para ello también es indispensable impedir que el Ejecutivo de turno pueda regalar a dedo los impuestos de los colombianos; deben fijarse criterios restrictivos para la exención de impuestos en los diferentes niveles territoriales. Ningún colombiano va a contribuir con impuestos si ve que se los siguen robando. Tenemos que CASTIGAR LA CORRUPCION DONDE DUELE: EN EL BOLSILLO Y EN EL PODER de los corruptos.  Más que años de cárcel, a los corruptos hay que QUITARLES LA PLATA QUE SE ROBAN. Para eso hay que invertir la carga de la prueba, de manera que todo ingreso y patrimonio  que un corrupto no pueda justificar sea expropiable por parte de la Fiscalía y la Contraloría hasta que recuperen el dinero público robado. Como en parapolítica al partido que avale a un corrupto que sea detenido o condenado por cualquier delito contra la administración y el erario se le aplicará LA SILLA VACIA POR CORRUPCION. Ni el corrupto se quedará con la plata ni el partido que lo avale con la curul. La mal llamada mermelada no es otra cosa que un robo gota a gota de nuestros impuestos para financiar las campañas de los congresistas y políticos a cambio de que apoyen al Presidente y su reelección. Frenar esa cadena de corrupción impone la necesidad de ELIMINAR LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL con la posibilidad de dejar un periodo de 5 años, lo cual restablecería garantías democráticas  y frenaría el abuso de recursos y poder para favorecer la reelección del Presidente y sus aliados.  También LIMITAR A MÁXIMO DOS PERIODOS LA REELECCIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS como Concejos, Asambleas y Congreso incentivaría renovación en todos los partidos y minimizaría el riesgo de cartelización extorsiva que padecemos hoy. Estas medidas junto a la efectiva expropiación de la plata que nos roban y  la silla vacía por corrupción deben contribuir a mitigar el riesgo de corrupción pública y su impunidad, así como a dar mayores garantías a los diferentes partidos y movimientos para acceder y ejercer el gobierno, respetando el pluralismo. Si paramos la guerra, cerramos la vena rota de la corrupción y recaudamos mayores ingresos, en qué debemos invertir esos nuevos recursos? Cuáles deben ser las prioridades de inversión pública de Colombia en paz? La prioridad debe ser una sola: REDUCIR INEQUIDAD, AMPLIANDO INCLUSION SOCIAL Y CAPACIDAD DE COMPETIR con otras economías. Esa gran prioridad depende de poner en el centro de nuestras acciones e inversiones en los próximos 10 años cinco cosas concretas:
  1. Justicia para proteger la vida, la honra y el patrimonio de todos y combatir eficazmente la corrupción pública y privada.
  2. Protección, salud, nutrición y educación a todos nuestros niños y niñas.
  3. Educación superior con calidad y conexión con el trabajo para nuestros jóvenes.
  4. Restitución a los despojados y formalizar la propiedad rural y urbana para que los colombianos puedan acceder a crédito, aportar al país y respaldar el futuro de sus familias con ese patrimonio.
  5. Carreteras e infraestructura física, ambiental y del conocimiento que conecten la Colombia urbana y la rural y abran oportunidades de trabajo y competitividad para todos.
Con los nuevos recursos fiscales por y para la paz, se debe fortalecer la descentralización e incrementar las transferencias que reciben los municipios para que cubran las dos nuevas prioridades mencionadas: 1. PRIMERA INFANCIA para que los niños de 0 a 6 años reciban registro, nutrición, salud, preescolar y protección sin impunidad frente a todo abuso o violación, donde quiera que nazcan hasta su ingreso al sistema escolar, el cual se encargará de su formación y seguimiento hasta la adolescencia. 2. SEGURIDAD CON JUSTICIA para financiar el aumento de fiscales, comisarios de familia, jueces y policías de manera que la vida, honra y bienes de los ciudadanos sean eficazmente protegidos en todas las regiones. La verdadera reforma a la justicia no es solamente resolver los conflictos de poder y abuso entre las divas de las altas cortes, sino sobre todo ampliar el acceso a justicia pronta y oportuna a los ciudadanos en los municipios del país. En las otras tres prioridades señaladas (educación, formalización de la propiedad e infraestructura) tenemos que proponernos metas concretas de obligatorio cumplimiento para los gobiernos en los próximos años. Por ejemplo, EN MATERIA EDUCATIVA EN LA COLOMBIA RURAL TENEMOS QUE EXPANDIR LA EDUCACIÓN BÁSICA GRATUITA, ACCESIBLE Y DE CALIDAD para todos los niños en edad escolar, y también las oportunidades de formación técnica y superior. EN LA COLOMBIA URBANA TENEMOS QUE AVANZAR HACIA LA JORNADA ESCOLAR ÚNICA HASTA LA MEDIA, DUPLICAR EL NÚMERO DE CUPOS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, Y TRIPLICAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EN INCENTIVOS ADECUADOS PARA LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MAESTROS. Mayor número de horas de formación, de mayor calidad, en instalaciones adecuadas y aprovechando todos los recursos pedagógicos desde primera infancia pasando por la básica hasta la media deben mejorar los frustrantes resultados que tenemos hoy en las pruebas nacionales SABER y en las internacionales PISA, donde ocupamos el puesto 62 entre 65 países en competencias en matemáticas, ciencias básicas y lenguaje. EN SALUD TENEMOS QUE RECONSTRUIR UN SISTEMA MIXTO DE ACCESO UNIVERSAL Y ALTA CALIDAD QUE GARANTICE Y NO MERCANTILICE EL DERECHO A LA SALUD. Eliminar los incentivos perversos de la integración vertical y distinguir las obligaciones del asegurador en salud de las del prestador de servicios de salud es fundamental para lograr ese propósito. Y en AGUA POTABLE tenemos que proponernos lograr el acceso mínimo vital gratuito en todo el país. FORMALIZAR EL MERCADO DE TIERRAS es algo que el país ha sido incapaz de hacer en sus 200 años de historia. La  posesión y despojo violento de la tierra privada y pública, urbana y sobre todo rural, ha marcado nuestra historia. La guerra y el narcotráfico han sido nuevas gasolinas a un incendio histórico de profunda inequidad en el acceso y la propiedad de la tierra. Si queremos construir paz tenemos que ser capaces de formalizar el mercado de tierras, titular la tierra a quien la trabaja o habita, cobrarle impuesto predial correspondiente con el tamaño y uso para evitar su acumulación ociosa o rentística.  Sin ambigüedades la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial debe determinar con toda claridad que porción del territorio sólo puede destinarse a conservación, como los páramos,  qué porción puede tener explotación económica, sea agropecuaria o minera y cuál es urbanizable. A pesar del brutal desplazamiento forzado de los últimos 20 años, todavía la tercera parte de la población nacional, unos quince millones de colombianos, están en el campo y deben tener allí oportunidades de vida digna. Pero también casi 6 millones de colombianos han llegado como desplazados a las ciudades en busca de vivienda y oportunidades que tenemos que ser capaces de ofrecerles de manera digna. Si queremos reducir la inequidad e informalidad en el acceso a la tierra tenemos que imponernos como norma que los diferentes usos del suelo crezcan equitativa y formalmente.  Por ejemplo, por cada unidad agrícola familiar–UAF que se autorice acumular para proyectos agroindustriales en la altillanura (donde se estima que hay hasta 6 millones de hectáreas acumulables) se debe compensar con el equivalente a una UAF de tierra titulada para producción agropecuaria campesina en los valles interandinos ó el Caribe o con una hectárea de tierra urbanizable en alguna de las 35 ciudades del país. La premisa tiene que ser que a un uso habitacional o económico le va bien si a los demás les va bien, y no que se le arreglan los torcidos a los ricos y agroindustriales sin incrementar la tierra urbana o campesina que necesitan los más pobres. Los ganaderos asociados en FEDEGAN han reconocido que promovieron y financiaron el paramilitarismo y que podrían devolver a “la naturaleza” hasta 10 millones de hectáreas de los 25 millones que se usan actualmente en ganadería de una manera extensiva, rentista y poco productiva.  En vez de ensartarnos en una eterna recriminación por el papel de esos ganaderos en el paramilitarismo porque no nos proponemos construir un acuerdo con ellos para recuperar para usos agropecuarios, agroindustriales o urbanos esos 10  millones de hectáreas de tierra que necesitan esos 15 millones de colombianos que siguen en el campo y deben vivir de él o los 6 millones que están en las ciudades y necesitan vivienda y calidad de vida urbana?  Porque no pensamos en una especie de canje de tierras por la paz, no impuesto por la negociación con un armado, sino acordado entre los diversos usos y usuarios que estamos en la ilegalidad?  Este es el tipo de propósitos y políticas públicas que debemos proponernos sacar adelante en los próximos años, sin matarnos en el camino, si lo que queremos es construir paz! Un mercado de tierras formal requiere que el catastro esté no sólo actualizado sino conectado en una misma base de datos e información con el registro y titulación del predio y con el cobro de predial del mismo. Así se evita la elusión y evasión de ese impuesto que es fundamental para que los municipios sean fiscalmente sostenibles y puedan invertir en las 5 nuevas prioridades que ya señalamos. El gobierno nacional es el responsable del catastro, el registro y la titulación del suelo, por lo tanto es su deber con la paz y la viabilidad fiscal de los municipios integrar en una sólo entidad pequeña, técnica y capaz, dividida en regionales pertinentes, un UNICO SISTEMA DE CATASTRO, REGISTRO Y TITULACIÓN DEL SUELO, que le permita a los municipios planear el uso de su suelo y recaudar los impuestos derivados de sus diferentes usos para poder financiar la infraestructura y carreteras indispensables para el desarrollo y la integración de la Colombia urbana y rural. Parodiando la popular novela, así como sin tetas no hay paraíso, ¡sin predial no habrá carreteras!, ¡ni integración, ni desarrollo! Ni como sociedad ni como estado hemos asumido e integrado responsablemente nunca a la Colombia rural. Mal que bien la elección popular de Alcaldes y la descentralización crearon uno sujetos políticos y unas instituciones responsables de la Colombia urbana, de las ciudades y cascos urbanos. Pero la Colombia rural sigue expósita, es de todos (todas las instituciones tienen obligaciones en ella) pero en últimas no es de nadie. La moda antiestatal de los años 90 desbarató la institucionalidad nacional rural suponiendo que los municipios o alguien la reemplazaría o que simplemente no haría falta. ¡Craso error! Los ilegales y sus aliados políticos fueron los que la reemplazaron u ocuparon a su medida. EL PAÍS NECESITA ESPECIALIZAR A UN SUJETO POLÍTICO Y ENTE INSTITUCIONAL EN ENTENDER, RESPONDER, INVERTIR Y DESARROLLAR LA COLOMBIA RURAL. A hoy no se me ocurre un mejor llamado a cumplir ese papel de articulador de la Colombia urbana y rural que las gobernaciones, que de hecho ya lo hacen parcialmente pero sin mandato, dientes y recursos suficientes. Si las elites centrales y masas urbanas del país siguen viendo a las regiones como meros depositarios de recursos naturales que tienen derecho a extraerles sin que digan ni pio ¡porque el subsuelo es del Estado!, van a seguir causando unos enormes desequilibrios ambientales y tensiones sociales. Las regiones no son enclaves que se explotan, se aprovechan y se abandonan. Si mañana apareciera una  gran mina de oro o coltán en el norte de Bogotá, ¿a alguien se le ocurre que el Gobierno nacional podría autorizar explotarla sin que los bogotanos digan ni pio?  ¡Por supuesto que no! Pero como esas minas usualmente están en las cordilleras paramosas, rodeadas de  pueblos pequeños, campesinos, afros o indígenas, entonces el gobierno nacional se siente con la capacidad de acallar a los pobladores y proteger al inversionista.   Cuando el gobierno nacional autoriza la explotación de un uso, debe compensar ese uso con otro ambiental y socialmente sostenible, de lo contrario se está  abrogando la facultad de ¡depredar irresponsablemente a las regiones!  Si no hay usos sustituibles, como por ejemplo los paramos que no son sustituibles como fuente originaria de agua para la vida,  entonces no se puede autorizar la explotación. Y en vez de hacer cuentas calamitosas sobre cómo el país se va a quebrar sin renta minera (lo cual es falso), lo que se debe hacer es una política económica equilibrada que no descuide el sector industrial, agropecuario, de comercio, servicios, ciencia y tecnología como fuentes de empleo y generación de riqueza nacional. El modelo de explotar rentas (mineras o de monocultivos) para comprarle importado al resto del mundo, firmando TLC a diestra y siniestra, es insostenible, indeseable y absurdo en un país con la riqueza humana y natural de Colombia. Faltan muchos temas por mencionar y precisar. En algunos tengo aportes. En otros tengo más preguntas que respuestas. Estoy dispuesta a escuchar y aprender. ¡Bienvenidos sus aportes, recomendaciones y sugerencias! En todo caso tengo una cosa clara. Podemos ser la generación de colombianos que puso fin a una guerra infame (¡la última del hemisferio occidental!), pactó una paz transformadora y cambió sustancialmente y para bien el rumbo del país para las presentes y  futuras generaciones. La posibilidad de poner fin a la guerra es nuestra mayor y mejor coyuntura histórica. Por eso me decidí no sólo a estudiarla sino a construirla. Para eso quiero que lleguemos al Senado, para influir en las decisiones que nos permitirán construir el país que podemos ser. Tenemos una guerra por acabar, un país por construir, todo por aportar y nada (más) por perder! Para eso vamos al Congreso.

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