550 trabajadores mueren por riesgos laborales prevenibles al año

Durante el desarrollo de un debate de control político, convocado por el senador del Polo Democtrático, Alexander López, Claudia López calificó como "absurda" y "atroz" la política pública para garantizar los derechos de los trabajadores. La senadora cuestionó la falta de eficiencia e imparcialidad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo para cumplir con su papel de garantes de esos derechos y señaló "que aparentemente siempre toman partido por las empresas". Frente a las denuncias de empleados y exempleados de Coca Cola y de empresas contratistas del sector petrolero en condición de discapacidad sobre conflictos de intereses, corrupción y falta de imparcialidad en los procesos atendidos por el Mintrabajo, López señaló que estas han caido en "el circulo vicioso de la violación de derechos". Ni el Ministerio ni la Procuraduría han respondido a las solicitudes de los trabajadores. López agregó que esas instancias ni siquiera han atendido sus propias solicitudes de información. El senador citante, Alexander López Maya, del Polo, enfatizó que en Colombia mueren 550 trabajadores en accidentes de trabajo sin protección mientras las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) "acumulan 52 billones para el capital financiero". Ante esa cifra la senadora López afirmó que los "accidentes de trabajo crecieron 61% en últimos 4 años" y reclamó que el Ministerio de Trabajo "no sabe en qué sectores ni causas ni la manera de prevenirlos eficazmente". En ese contexto, el Ministerio impulsa un decreto para reglamentar la resolución de conflictos por pensión de invalidez o de supervivencia que López Hernández calificó de "atroz". Y concedió tres ejemplos: se justifica el despido de trabajadores en condición de discapacidad por injuria, por inmoralidad y se establece una barrera de acceso a estos empleados obligando a las empresas a tener un mínimo de 25% de su fuerza laboral en esa condición para acceder a los estímulos que ofrece el Gobierno Nacional. Entre tanto, destacó la congresista, el Estado apenas se impone un 2% como meta de inclusión de trabajadores en condición de discapacidad en el sector público. "Si el ministerio se empeña en sacar adelante este decreto debe haber un paro unificado de todas las centrales obreras" expresó en el recito de la comisión primera, donde se cumplió el debate. Los congresistas pidieron al Gobierno nacional retirar ese proyecto de decreto que no resuelve asuntos sustanciales como la representación de los trabajadores en las juntas de discapacidad, la tercerización laboral o la creciente inseguridad industrial de los trabajadores. "Ese décreto es incostitucional" advirtieron los congresistas y la materia que aborda "debe regalmentarse por ley", sostuvieron. Al final del debate, Lucho Garzón, titular de la cartera de Trabajo, anunció que el decreto no será expedido sin concertación con las centrales obreras y, con ese propósito en mente, pidió el acompañamiento de los congresistas intervinientes en el debate. En la sesión informal del debate, trabajadores de Coca Cola y la Asociación de Trabajadores Discapacitados y Enfermos por la Industria Minero-energética, Seccional Huila reiteraron sus denuncias y exigieron una mesa de trabajo con el Ministerio. Vea el vídeo de la intervención de la Senadora:

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